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    2 de agosto de 2014
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El escándalo del audiovisual

¿Quién puede comprar las TDT autonómicas?

Cuestan 1.900 millones de euros a los españoles

Por Susana Blázquez
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susanablazquezalonsogmailcom/20/20/26
Última actualización 03/05/2012@16:27:56 GMT+1

El gobierno da vía libre a la venta de los canales digitales autonómicos, un agujero económico que en algunas comunidades tiene tintes escandalosos. Trece canales autonómicos, algunos con varios programas, que nunca han ganado dinero a pesar de tener publicidad. Servilismo político y despilfarro son las causas del agujero económico. No han cumplido su papel de servicio público.

Los recortes del Consejo de Ministros del 20 de abril han llegado a los canales autonómicos. Tal y como prometió en su programa electoral, el gobierno del PP ha aprobado “remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, de 31 de marzo de 2010, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica”. El Proyecto, que saldrá adelante con la mayoría simple del PP, abre las puertas a la privatización o cierre de los canales autonómicos, a gusto de cada gobierno autonómico. En medio queda un enorme abanico de posibilidades de gestión directa o indirecta, colaboración pública o privada, o cesión total o parcial a terceros de la producción, incluidos los informativos.

La más total flexibilidad para acabar con el despilfarro económico y descontrol de las cadenas autonómicas, que también llega a las locales. Un ejemplo, el nuevo Gobierno de Aragón está realizando una auditoria para saber el número de televisiones que los ayuntamientos de su comunidad tienen en marcha. “No hay censo, no tenemos una lista, no conocemos ni sus nombres, ni siquiera nos han dicho si todos los ayuntamientos con licencias están emitiendo como obliga la ley. Algunos ni se han puesto en marcha”, contaba recientemente Ignacio Dauden, dircom del Gobierno de Aragón, a media-tics. Los canales autonómicos no serán los únicos en cerrar o privatizarse, también sucederá con los locales.

El proyecto de ley impone “una serie de obligaciones de carácter financiero” como la “fijación de un límite máximo de gasto anual que no podrá rebasarse”. No podrán dar pérdidas, y el ejercicio en que las den, deberán recuperarlas en el ejercicio siguiente en igual cuantía. “La gestión de la televisión pública se adecua a los principios de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. Pocos canales, por no decir que ninguno, podrán cumplir. No, desde luego, la televisión balear que encabeza el ránking de pérdidas con 233 millones de euros. La sigue la vasca ETB con 218 millones. Y eso, a pesar de los ingresos publicitarios. Todas perdieron en el último año 1.900 millones de euros, en 2009 perdieron 1.600 millones de euros (813 millones de subvenciones y 772 millones de pérdidas) así cada año.  

Los canales públicos venían pidiendo un canon digital similar al de RTVE. Los canales privados querían que dejaran de emitir publicidad. Rajoy ha tirado por la calle de en medio, o logran un equilibrio presupuestario, o se privatizan, o cierran. En las últimas semanas se había rumoreado que Pedro Pérez, presidente de la patronal de los productores audiovisuales FAPAE, estaba haciendo aliados para comprar algún canal público. Nadie piensa que puedan lograr el dinero para hacerlo. ¿Quién va a querer unas televisiones en pérdidas con plantillas y recursos sobredimensionados? ¿Cuánto cuesta la licencia de estos canales TDT? Las incógnitas se despejarán en breve. No solo esas, queda por conocer si el gobierno quitará canales a los emisores privados para ahorrar dinero en el dividendo digital, y la resolución del Tribunal Supremo sobre un recurso que denuncia la ilegalidad al otorgar las licencias de TDT. Pintan bastos.

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