Durante la presentación de la candidatura de Pablo Iglesias a las primarias de las generales, la extrabajadora de la Radiotelevisión Valenciana, Lola Bañón, puso de manifiesto la difícil situación por la que atraviesan los periodistas en España. Bañón señaló que, al igual que las instituciones deben ser liberadas “para que tengan un poder real de representación ciudadana”, el reto con las compañías periodísticas será liberarlas “de sus estructuras de propiedad para que el discurso sea real y no impuesto por las grandes corporaciones”. Pablo Iglesias ya abogó hace más de un año por una regulación que garantice la libertad de prensa, aunque matizó que no estaba en contra de la iniciativa privada, sino de los oligopolios que controlan la información.
Aunque en declaraciones recientes Errejón descartaba realizar reformas en el ámbito de los medios de comunicación privados, más allá de garantizar “la protección laboral de los periodistas para que puedan desarrollar su trabajo con plena libertad” o de desarrollar mecanismos para “evitar prácticas monopolísticas”, el periodista Toni Piqué i Fernàndez rescata en “Paper Papers” un vídeo de hace años de Íñigo Errejón haciendo alusión al tema. El hoy secretario de Política y Área de Estrategia y Campaña de Podemos aseguraba que los medios deben estar sometidos al control democrático. Por un lado, “la izquierda tiene que empezar a pensar en una Ley de Medios”. El espacio mediático “es un espacio a asaltar, democratizar y quitárselo a los señores del dinero”. Y, por otro lado, hablaba de la necesidad de “señalar la responsabilidad social que tienen los medios, como se ha hecho en otras latitudes, cuando mienten” (algo a lo que respondería la nueva web del Ayuntamiento de Madrid).
En este punto, Piqué i Fernàndez recuerda que en países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia o Ecuador, cuya Ley Orgánica de Comunicación puso Iglesias como ejemplo, la regulación estatal que promulga Podemos no ha obtenido resultados esperanzadores. El periodista señala cuáles han sido sus consecuencias. Por un lado, “sujetar los medios a la disciplina del aparato gubernamental de comunicación y propaganda y/o cerrar los medios que se han resistido” y, por otro, “han promovido el mandarinato mediático de periodistas y ejecutivos cuyo único mérito, con alguna excepción, es su sometimiento a la nueva oligarquía gobernante, mientras que buen número de buenos profesionales se ven expulsados del sector por desafectos”.
Por tanto, como considera que este tipo de regulación no ha ayudado a subsanar los problemas del sector, sino más bien a agravarlos, concluye que prefiere “que los dueños de los medios sean unos multimillonarios antes que un gobierno o un Consejo de Información independiente”.
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