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Blogs > Blog de Jesús Rodriguez

Recientemente, se ha publicado en algunos medios que el modelo de facturación electrónica implantado en México ha sido presentado como caso de éxito en Bruselas (Europa). Aunque la noticia no nos ha causado ninguna sorpresa, a quienes trabajamos con ese gran país; sin duda, es una noticia meritoria para los mexicanos y supone un reconocimiento a la iniciativa y compromiso demostrados por el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuyo empeño se centra en poner en marcha la facturación electrónica en aquel país.

Como he comentado en anteriores post, cada vez son más los países de Latinoamérica que se están adhiriendo al entorno digital; promoviendo y promulgando legislaciones orientadas al uso de los certificados y de la Firma digital. Legislaciones que con gran inteligencia están observando los estándares internacionales con el fin de proyectar la usabilidad de esta nueva tecnología hacia una posible futura interoperabilidad.

Cómo ya he citado en muchos de mis anteriores posts, la firma digital segura ha proyectado un camino imparable en Latinoamérica y cada vez son más los países que la están adoptando, tanto en el desarrollo de la administración electrónica pública como en el ámbito privado.

Me gustaría dedicar este post a realizar una reflexión acerca de la importancia y beneficios que representa la implementación y uso de la Firma Digital Segura; es decir, aquella basada en la utilización de un certificado digital emitido por una Entidad Certificadora Acreditada y que por tanto, ofrece garantías de validez legal.

Un nacimiento esperanzador

Es evidente que un gran número de ciudadanos españoles asistimos, en su día, esperanzados al nacimiento del DNI Electrónico, viendo en éste, no solamente un nuevo sistema de identificación mucho más seguro, sino también las múltiples posibilidades que vislumbrábamos nos iba a proporcionar el uso de la pareja de claves (pública y privada) del certificado digital almacenado en el Chip del e-DNI.

Partiendo de la experiencia, nadie puede poner en tela de juicio que la tecnología chip EMV en Medios de Pago es sinónimo de mayor confianza y seguridad, tanto para las entidades financieras que las emiten como para los usuarios. Sin duda, las tarjetas chip EMV contribuyen a minimizar el riesgo de fraude, reforzando la autenticación del titular y evitando la suplantación de identidad a la hora de realizar transacciones con nuestras tarjetas.

Desde hace ya varios años, el Gobierno de Panamá viene realizando numerosos esfuerzos para reducir la brecha digital que ha imperado en este país. Resolver esta situación ha sido uno de los objetivos prioritarios de la Agenda Digital del Gobierno y por ello, se ha instado al adoctrinamiento de la población en el uso de las TIC, cumpliendo así además, con las directrices fijadas por la ONU en materia de absoluta erradicación de la brecha digital prevista para el año 2020.

Cada vez son más los países de Latinoamérica que están apostando con fuerza por una sólida implantación y consolidación de la firma digital, tal y como es el caso de Costa Rica.

Ya he hablado, en mis anteriores posts, de las ventajas en términos de seguridad, confianza y protección que las tarjetas con tecnología EMV ofrecen tanto a las entidades financieras como a los usuarios finales; así como que esta tecnología ya está implantada en Europa, a la vez que comienza a abrirse camino y consolidarse en otros países de América, Asia y África.

La cedula de identificación personal en España, denominada “Documento Nacional de identidad” o DNI electrónico; y en otros lugares del mundo, denominado, documento de identidad electrónico (DI-e) o cédula de identidad electrónica, es un medio que facilita la identificación y autenticación del ciudadano de manera fidedigna y que además, proporciona la capacidad de firma digital con validez legal al incorporar el propio documento de identidad, un certificado digital emitido por una autoridad oficial acreditada, como lo es, en el caso de España, la Dirección General de la Policía, único organismo competente y gestor de la identidad de los ciudadanos de nuestro país.

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