Confiados en que la reforma de telecomunicaciones democratizará al sector y pondrá fin a monopolios, diputados del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Nueva Alianza aprobaron anoche el dictamen que será sometido al pleno de la Cámara el miércoles próximo, según informa Excélsior.
Con 29 votos a favor y una abstención de Movimiento Ciudadano, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló en lo general la propuesta enviada este lunes por el presidente Enrique Peña y que, de manera inédita, suscribieron las dirigencias y grupos parlamentarios de los partidos firmantes del Pacto por México (PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista). En lo particular, el respaldo sumó a 27 diputados y dos se manifestaron en contra.
Hubo aplausos en ambas aprobaciones. “Las concentraciones absolutas del poder se acabaron”, celebró el Partido Acción Nacional en voz de Carlos Angulo Parra, quien destacó que hay en México “un entorno político que nos ha permitido este gran consenso para beneficio de la nación”.
En tanto, la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones sigue avanzando. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó ayer en lo general la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal, con 29 votos a favor y una abstención.
En la sesión, que duró tres horas, Marcos Aguilar Vega, diputado del PAN, anunció que los partidos firmantes del Pacto por México (PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista), acordaron negociar en los próximos cinco días cambios de consenso que serían presentados en la discusión del pleno, que hará una primera lectura el martes para someter la iniciativa a votación un día después.
Se trata de modificaciones concentradas en su mayoría en torno al futuro Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El PRI adelantó que ha formulado seis propuestas, mientras el PAN tendría una decena. Pero ninguna fue expuesta en la reunión, a fin de procesarlas en una mesa de negociación.
Al margen de ese cabildeo, diputados del PT y del Movimiento Ciudadano expusieron sus reservas en torno a las inversiones externas que se darían en el sector y a la asignación de concesiones, a fin de que ésta siga siendo una atribución del Ejecutivo.
El presidente de la Comisión, el perredista Julio César Moreno, atribuyó al dictamen un carácter vanguardista. “Hace más de 40 años no se tenía una reforma de las dimensiones de las que hoy se somete a nuestra consideración”. Paso seguido, enumeró los alcances del dictamen: garantía de efectiva competencia en televisión abierta y restringida, radio, telefonía, servicio de datos y telecomunicaciones; fortalecimiento a los derechos de libertad de expresión e información, establecimiento del derecho de acceso a las tecnologías y servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y banda ancha; disminución de precios y apertura hasta en 100 por ciento del mercado de las telecomunicaciones a la inversión extranjera y 49 por ciento en radiodifusión.
Al fijar postura sobre el alcance de la reforma a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución, el PRI confió en que ésta democratizará el mercado de las telecomunicaciones en beneficio de los consumidores, mejorando los precios de los servicios.
A través de la diputada Gloria Núñez Santos, el partido en el poder hizo un reconocimiento al PAN y al PRD como “coautores” de esta transformación.
En tanto, la perredista Purificación Carpinteyro atribuyó el cambio al movimiento universitario de mayo pasado, durante la campaña electoral. “Este movimiento, #YoSoy 132, que salió a las calles a gritar por la democratización de los medios, sacó de los gabinetes de los especialistas y de aquellos que hemos luchado por esto, por tantos años, una demanda que hizo nacional y hoy se ve reflejada en esta iniciativa”, sostuvo.
Luego de reunirse el miércoles pasado con diputados del PRI para detallar la iniciativa de reforma, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo ante legisladores del Verde Ecologista que el objetivo es que la radiodifusión y las telecomunicaciones se presten bajo condiciones de mayor competencia y calidad en beneficio de la población. Resaltó que de aprobarse la iniciativa, se fortalecerá la capacidad rectora del Estado al crearse el IFT, que sustituirá a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). También destacó que se logrará una mayor apertura y se podrá hacer posible el acceso a los servicios de banda ancha, particularmente en los sectores con mayor rezago, propósitos inscritos en el Pacto por México.
En tanto, los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República acordaron llevar hasta abril el proceso de aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, a pesar de que la Cámara de Diputados se la pueda enviar en breve.
Los legisladores del PRI, PRD y PAN realizarán una serie de encuentros con especialistas la próxima semana para normar su criterio. Los líderes del PRI, Emilio Gamboa, y el PRD, Luis Miguel Barbosa, anticiparon que será en abril cuando se discuta el tema.
Interrogado sobre la división que se registra en el PAN, entre quienes rechazan la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y quieren convocar a foros, frente a quienes desean que se apruebe como la envíe la Cámara de Diputados, Gamboa comentó que “ellos votarán como quieran, nosotros vamos a analizarla. Parece que el PRD la está analizando con muy buenos ojos también, igual el PRI. Hablamos hoy de esta iniciativa”.
“Nos va a dar mucho más tiempo para reflexionarla; acuérdense que la otra semana es Semana Santa, entonces, vamos a verla con el tiempo que requieran los senadores”, añadió el priista.
Dudas sobre empresas dominantes
La definición de empresas con poder sustancial que establece la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones es errónea, además de que genera incertidumbre pretender la desincorporación de activos para aquellas firmas con una participación de mercado de 50 por ciento, señalaron especialistas.
Abel Hibert, ex integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), aseguró que la desinversión implicaría obligar a las grandes empresas a reducir su tamaño y, por lo tanto, a detener inversiones, con el respectivo aumento en costos.
La iniciativa establece que “se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor a 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, por el tráfico en sus redes o la capacidad utilizada de las mismas.”
Hibert afirmó que “es una definición errónea. El número es arbitrario y no es cierto que todos los agentes económicos que tengan una elevada participación de mercado tengan automáticamente poder de mercado.”
Para Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom Policy & Law, el decreto debe garantizar criterios propios como audiencia, publicidad, producción o distribución de contenidos o de lo contrario, se corre el riesgo de que la declaración de agente preponderante sólo aplique a los operadores de telecomunicaciones.
Hibert comentó que lo que se debe castigar no es el tamaño de una empresa, sino la posibilidad de llevar a cabo prácticas monopólicas. “Para eso se necesitan estudios muy serios sobre barreras a la entrada, elasticidad de demanda de los bienes y servicios, respuesta de las empresas chicas ante probables reducciones de oferta de la empresa de mayor tamaño, dimensión geográfica, disponibilidad de bienes y servicios similares, posibilidad de sustitución”, destacó el especialista.
La disposición no indica en qué momento y circunstancias se ordenará una desincorporación de activos. “Habrá que seguir cuál es la consecuencia de una empresa de sobrepasar ese umbral de concentración definido”, añadió Abel Hibert.
Satélites más competitivos
De concretarse la reforma, la apertura al 100% al capital extranjero en comunicaciones satelitales colocaría en mejor posición a Satélites Mexicanos (Satmex) ante los ojos de nuevos inversionistas, además de que permitiría la llegada de más y mejor tecnología, así como realizar una comercialización más eficiente.
En lo anterior coincidieron Dionisio Arrás, presidente de la Asociación de la Industria Satelital Méxicana (ASISAT), y Gerardo González Abarca, ex comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Los expertos señalaron que en la actualidad únicamente Satmex y Mexsat utilizan las órbitas satelitales asignadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a nuestro país, pero ahora se abre la posibilidad de que los operadores que ofrecen servicios en México desde sus órbitas propias, utilicen las posiciones mexicanas.
Por lo anterior, Arrás y Gónzalez coincidieron en que pueden llegar a nuestro país los insumos para un mejor desarrollo de esta industria, aunque no necesariamente inversiones en grandes volúmenes.
Sin enbargo, Enrique Melrose, asesor en el diseño del nuevo sistema satelital del gobierno mexicano, Mexsat, consideró que el mercado de servicios satelitales de nuestro país en realidad no es muy grande, por lo que sería difícil pensar en la llegada de nuevos competidores extranjeros.
El especialista reconoció que la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones contempla muy buenas cosas, aunque en algunas otras se observa que pueden presentar problemas por falta de apreciación técnica y en la mezcla de telecomunicaciones con radiodifusión.
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