Así es la 'tasa Google' que pondrá en marcha España

Mientras la Unión Europea sigue debatiendo si establece algún tipo de tributo a los gigantes digitales para evitar las supuestas prácticas fiscales que evitarían que estén pagando lo que deberían, España ha dado un paso adelante y ha presentado su propia versión de la llamada 'tasa Google'. Se trata de un tributo específico para compañías digitales de gran tamaño que tiene como objetivo aumentar la recaudación sobre sus actividades en el país para compensar esas supuestas prácticas.

En concreto, la nueva 'tasa Google' de España, cuya potencial recaudación ya forma parte de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que conseguir sacar adelante en el Parlamento, espera recaudar 1.200 millones de euros gracias a un gravamen del 3 % sobre una serie de actividades digitales protagonizadas por compañías del sector. Pero no cualquier compañía: el tributo solo afectará a aquellas que facturen un mínimo de 3 millones de euros al año en España y de 750 millones de euros en total.

Tampoco se aplicará a todas las actividades digitales de estas compañías. El tributo se enfoca, de hecho, en servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación online y venta de datos a partir de información proporcionada por los usuarios. Quedarán exentas aquellas actividades en las que el proveedor no actúe como intermediario o aquellas en las que aun actuando como intermediario, la finalidad del servicio sea la prestación entre usuarios. El comercio electrónico también estará exento.

La nueva tasa Google de España

El incumplimiento de esta normativa mediante la ocultación de la ubicación de los usuarios involucrados -ocultando su IP real, por ejemplo- dará lugar a sanciones de 150 euros de multa por cada acceso falseado, con un máximo del 0,5 % de la cifra de negocios del año natural anterior.

Es difícil, con la ley en la mano, saber a qué compañías podrá afectar realmente este tributo. Todos miran a Google, Amazon, Uber o Airbnb, pero muchas de ellas podrían salvarse si consiguen convencer a Hacienda de que cumplen alguna de las exenciones al tributo. Un ejemplo lo tiene Amazon entre manos: el Artículo 6, a) de la nueva normativa deja fuera del tributo "las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario". La compañía de Jeff Bezos vende directamente muchos de los productos que alberga su plataforma e incluso es fabricante de algunos de ellos (como los Amazon Basics, los dispositivos Echo, ropa o libros). No obstante, en otros casos sí actúa como intermediario entre un vendedor y el cliente final, por lo que esas operaciones concretas sí estarían afectadas por el impuesto. Aunque la mayoría de estas compañías tienen distintas líneas de negocio, algunas de las cuales irremediablemente entran dentro del tributo sin posibilidad de escapatoria.

Otro ejemplo, sin embargo, podría ser Airbnb: el mismo Artículo 6, en su apartado c), explica que también estarán exentas "las prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o principal finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a disposición de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago". La compañía de alojamientos siempre ha sostenido que su única labor es poner en contacto a personas que alquilan su habitación o su casa con personas que desean hospedarse en ellas, cobrando una comisión por proporcionar la tecnología necesaria para que el negocio pueda llevarse a cabo. ¿Hasta qué punto se restringe realmente la actividad de Airbnb a proporcionar una plataforma para negocios entre particulares?

Es de esperar que muchos gigantes digitales traten de justificar sus actividades según las exenciones al impuesto, que además solo estará vigente hasta que la Unión Europea unifique criterios y establezca una tasa comunitaria para todos los Estados miembros. Hasta entonces, España tratará de poner a prueba la capacidad de regular a estos gigantes sin fronteras mientras alimenta sus arcas con esos esperados 1.200 millones, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado a entre 546 y 968 millones.