Son muchos los países de Latinoamérica que están en plena fase de expansión en cuanto a su estrategia digital y uno de los que más aventajados se encuentra y que no puede pasarnos desapercibido es, sin duda, México; un país cuyos esfuerzos e inversión denotan el interés del Gobierno por avanzar hacia un desarrollo solido de su administración digital.
Creo que merece la pena analizar su situación actual, aunque también su origen y evolución, para poder así entender lo que está sucediendo ahora.
La actual estrategia Digital Nacional de México surge en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 cuyo principal objetivo es alcanzar la media entre los países de la OCDE, en los siguientes ejes:
- Transformación Gubernamental.
- Salud universal y efectiva.
- Educación de calidad.
- Economía digital.
- Seguridad ciudadana.
El primer y el cuarto eje del Plan Nacional de desarrollo se hace eco de los objetivos marcados, para los próximos 5 años, por la agenda del Gobierno Mexicano en cuanto al desarrollo de la administración y economía digital del país.
Dicho plan no supone en sí mismo una novedad en relación al desarrollo de la e-Administración, por cuanto el gobierno anterior al Presidente Peña Nieto, ya desarrolló una serie de iniciativas al respecto. Entre las que cabe destacar la creación del “Sistema Nacional e-México” y la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental”.
Iniciativas legislativas que han devenido, durante los últimos años, en proyectos que hoy conforman una realidad como es el caso de:
“El Portal de ciudadano” del Gobierno Federal (www.gob.mex) que se conforma como una puerta de entrada del ciudadano mexicano a la información, a la vez que le ofrece la posibilidad de realizar trámites y consultas y que desde el año 2007, posibilita que el ciudadano tenga acceso a un gran número de trámites y servicios electrónicos gubernamentales ( e-Servicios).
Este portal recibió el premio Reto Estocolmo 2003-2004 en la categoría de Gobierno Electrónico.
Así mismo, cabe mencionar los “Centros comunitarios digitales”, ubicados en centros educativos, de salud, desarrollo social o presidencias municipales y el servicio e-SAT de facturación electrónica para el cumplimiento, de manera telemática, de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos. Sin olvidarnos, del pago electrónico, denominado “e5cinco” servicio para el que fue fundamental el establecimiento de la “Firma electrónica Avanzada” con el fin de poder verificar la identidad de los contribuyentes mediante la certificación electrónica de las personas morales (empresas) y de las personas físicas (ciudadanos).
A lo anterior, hemos de sumarle la puesta en marcha del Registro de Trámites y Servicios (RFTS) y el “Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales”, denominado COMPRANET, que actualmente gestiona las Licitaciones Públicas.
Aunque a México, país inquieto y ávido por evolucionar y mejorar, aún le queda bastante camino por recorrer, es preciso destacar que progresa de manera muy efectiva en su estrategia de e-Gobierno.
Iniciativas como la obligatoriedad en el uso de la factura electrónica para los contribuyentes (modelo reconocido y premiado recientemente por la Unión Europea) y el desarrollo de una ambiciosa agenda digital por parte del gobierno ponen de manifiesto que México es un país comprometido y que no se está quedando rezagado en la adopción y empleo de las nuevas tecnologías en favor del desarrollo y el progreso de su sociedad.
Para hablar del uso de la factura electrónica en México, tenemos que remontarnos al año 2.005, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT), puso a disposición de las empresas un sistema de Comprobación Fiscal Digital para agilizar sus procesos de facturación, agilidad que se logró por implementar este modelo de transacción electrónico. Tal fue el éxito en términos de eficiencia, rapidez y aceptación, que este proceso fue regulado en el año 2.009 con el objetivo de fomentar la adopción de la factura electrónica por parte de todos los contribuyentes (tanto para personas físicas como jurídicas con un determinado rango de ingresos) y transcurridos estos años, a día de hoy es ya una obligatoriedad para las empresas y una realidad valorada por otros países, como los que conforman la UE.
Otra iniciativa contemplada dentro la agenda digital mexicana ha sido la implantación y fomento en el uso de la firma digital, conocida en México como Firma Electrónica Avanzada (FIEL). Esta implantación se ha materializado en la expedición de certificados digitales para fomentar que ciudadanos y empresas realicen trámites con la Administración Pública.
Otras instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también ofrece a los ciudadanos y empresas la posibilidad de efectuar gestiones con el Instituto haciendo uso de la Firma Electrónica Avanzada.
Acciones como el actual proceso de digitalización de todos los registros y expedientes de inmuebles y terrenos del Catastro del Estado de Aguascalientes y la creación de Ventanilla Única Digital en el estado de Jalisco son un claro reflejo de los esfuerzos y avances que desde el Estado Mexicano se están llevando a cabo por lograr la expansión y consolidación del gobierno digital del país.
Recientemente, he tenido constancia de que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) también integra el uso de la firma digital para realizar determinadas gestiones.
Sin duda, se trata de un camino que se acaba de iniciar, pues cada día recibimos noticias sobre nuevas acciones relacionadas con el desarrollo y consolidación de la sociedad digital mexicana.
Estas iniciativas, constatan el apoyo del actual Gobierno por el desarrollo de la Estrategia Digital Nacional y su compromiso por modernizar y mejorar la eficacia y eficiencia de Administración Pública de México y las relaciones de los ciudadanos y empresas con ésta, apoyándose en el fomento del uso de las nuevas tecnologías.
Todo ello, sin dejar de lado la importancia que para el buen desarrollo de la Administración Digital tiene la seguridad, como lo constata el hecho de la reciente creación del Consejo de Seguridad Nacional de México, organismo dependiente de la Presidencia del Gobierno y encargado de articular y establecer las políticas y medidas que faciliten un desarrollo de la Administración Digital seguro, además de generar confianza.
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