tasa Google

La cabezonería que muestran los editores y el Gobierno de España en cobrar a los agregadores de Internet por enlazar noticias resulta incomprensible para todos aquellos que creen que en la libre circulación de la información. En 2015 se aprobó una Orden Ministerial que establecía una metodología para crear un catálogo de tarifas. Su aplicación ha resultado ser un fracaso y ahora el Tribunal Supremo ha decidido anularla por un defecto de forma.

La Unión Europea está abordando la reforma sobre los derechos de autor con el fin de adaptarlos al mundo digital. Tras ser debatida en el Parlamento Europeo con diversos actores, en el último borrador se abandona la idea de crear unos “derechos conexos” que permitirían a los editores negociar una compensación económica con los motores de búsqueda y agregadores por el uso de sus contenidos.

La economía digital no es un sector nuevo, es el ecosistema emergente. Ningún país puede competir en el siglo XXI sin una estrategia digital firme y decidida. Hemos padecido durante cuatro años un Gobierno notablemente ágrafo en estrategia digital, capaz de legislar ese disparate de la llamada “Tasa Google” que obligaría a pagar un canon por los enlaces digitales, lo que ocasionó que España sea el único país de la UE que no tiene el servicio Google News. Es imprescindible que en los próximos debates de la campaña electoral los principales partidos se posicionen sobre este tema vital.

Caminante no hay camino, se hace camino al andar, rezaba Antonio Machado en su famoso poema. Siguiendo este consejo, Axel Springer, el grupo mediático que encabeza la lucha en Europa para recibir una contraprestación por el uso de sus contenidos, ha sentado un precedente en España con el acuerdo alcanzado entre su agregador de noticias y la asociación de editores CEDRO.

La Comisión Europea debatirá una “tasa Google” comunitaria no obligatoria como parte de un paquete de medidas que refuerzan la protección de los derechos de autor en las plataformas digitales.

Bruselas parece hacer oídos sordos a las protestas de los editores digitales y sigue empeñada en que las empresas periodísticas cobren si los buscadores de noticias siguen utilizando fragmentos de sus contenidos. Gobiernos de países como España y Alemania se vieron presionados por grandes grupos de comunicación para que velaran por sus derechos de autor.