El nuevo Gobierno de François Hollande cree que varios escándalos políticos y financieros han demostrado los límites de la ley actual, según la cual los periodistas pueden ser obligados a desvelar sus fuentes en el caso de que “el interés público de la información así lo justifique o si las medidas son estrictamente necesarias y proporcionadas según el fin legítimo perseguido”.
Para el nuevo ejecutivo, que toma como referencia la normativa belga, no se precisa con claridad qué es “interés público” y se prevé que con la nueva ley las fuentes periodísticas solo puedan ser entregadas por petición de un juez si de esta manera se pueden “evitar delitos que constituyan una grave amenaza para la integridad física de una o más personas”. Los medios franceses vienen denunciando que la protección al secreto de las fuentes periodísticas ha sido dañada en los últimos cinco años.
Filippetti aseguró, por otra parte, que la financiación a la radiodifusión de servicio público se ha debilitado y anunció una reforma en la designación de sus presidentes, de tal forma que ya no serán designados por el jefe del Estado, sino por una autoridad independiente: el Consejo Superior Audiovisual, que también será reformado.
La preocupación del Gobierno de Hollande por los medios audiovisuales no es nueva, ya que durante su campaña pidió “una definición clara del proyecto editorial” a los canales de France Télévision, especialmente a France 4, destino al público joven de entre 15 y 35 años. El nuevo presidente francés prometió también un debate para discutir la mejor forma de fortalecer a los medios de comunicación y se mostró partidario de ayudar a la prensa dada la “crisis” que sufre. Hollande se ha propuesto, además, potenciar la lectura de la prensa entre los más jóvenes para que los alumnos “se familiaricen con el mundo de los medios de comunicación y entiendan su entorno cultural y democrático”.
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