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El Gobierno defiende el anteproyecto en el Senado

¿A quién beneficia la nueva ley de telecomunicaciones Argentina Digital?

¿A quién beneficia la nueva ley de telecomunicaciones Argentina Digital?

martes 11 de noviembre de 2014, 11:21h

El Gobierno argentino quiere llevar al Congreso una ley de telecomunicaciones que pretende desmonopolizar este sector, mantener la neutralidad de la red y promover el rol del Estado como planificador. Pero algunos sectores consideran que la ley tendrá el efecto contrario: se generará una mayor concentración en el mercado audiovisual, el Estado ejercerá un mayor control y la pretendida neutralidad será difícil de lograr al ser un concepto tan vago.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya ha remitido al Senado el proyecto de ley de telecomunicaciones, más conocido como “Argentina Digital”. El objetivo de la nueva normativa es el de declarar de "interés público" el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y establecer garantías para la neutralidad de la red y regulaciones de mercado, informa EFE. Sin embargo, Argentina está dividida entre los partidarios de esta reforma y los que consideran que no es la ley que necesita el país.

Los miembros del Ejecutivo responsables del proyecto destacan sus bondades. El secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, aseguró que están garantizando la libertad de expresión y desmonopolizando el sector de las telecomunicaciones. Axel Kicillof y Julio de Vido incidieron en estos dos puntos. El ministro de Economía asegura esta ley buscar desarticular los oligopolios, ya que “son cinco las compañías que se dividen el 88% de las ventas”. El ministro de Planificación, por su parte, destacó que la ley pretende facilitar el acceso a los servicios de información y comunicaciones a todos los argentinos en condiciones equitativas. El texto del proyecto también añade una vocación de búsqueda de la neutralidad en la red y promoción del rol del Estado como planificador, incentivando la competencia y la generación de empleo.

Sin embargo, diversos especialistas y asociaciones de usuarios han mostrado su disconformidad con el texto de un anteproyecto que genera muchas dudas. Aunque la senadora Liliana Fellner aseguró a la agencia Télam que esta ley brinda la posibilidad a las telefónicas de dar servicios de comunicación audiovisual y a las empresas audiovisuales de dar servicios como las telefónicas, el ingeniero Jorge Crom aseguró en Infobae TV que los medios de comunicación en Argentina son locales, mientras que las empresas de telecomunicaciones que trabajan allí son conglomerados internacionales. El negocio de las telecomunicaciones es enorme y su nivel de facturación mucho mayor que el de los medios de comunicación, por lo que estarían permitiendo que animales de este zoológico, que son muy grandes, vayan a comerle la comida a los más pequeños. Para el especialista en telecomunicaciones, Martín Becerra, la solución sería que los operadores audiovisuales puedan dar servicios de telecomunicaciones y, cuando se compruebe que hay un porcentaje mínimo de servicio en régimen real de competencia, se autorice a las telefónicas a pasar al audiovisual.

Desde la Unión de Consumidores de Argentina temen que declarar servicio público solo al uso y acceso a las redes para licenciatarios y dejar el resto como servicios de interés público, deja el camino libre a las empresas para modificar las tarifas a su antojo. Puesto que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, expresó su predisposición a introducir cambios en la ley, exigen que se modifique el artículo 1 para que todo sea declarado de servicio público y no de interés público.

Capitanich aseguró que “esta ley no favorece a nadie ni pretende ir en contra de nadie”, salvo garantizar a los argentinos un acceso equitativo y de calidad a las telecomunicaciones, aunque no descarta perfeccionar algunos puntos para poner mayor énfasis en el concepto de neutralidad de la red y la protección de las pequeñas y medianas empresas.

El gobierno espera que el Senado apruebe la iniciativa para el 26 de noviembre y pueda ser discutida en el Congreso en diciembre en aras de ser convertida en ley.

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