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Europa también aboga por equilibrar la remuneración a los creadores de vídeo y música

La 'Tasa Google a la europea' amenaza a los GAFA
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La 'Tasa Google a la europea' amenaza a los GAFA

miércoles 30 de mayo de 2018, 13:26h

Cercar legalmente a Google y Facebook. Ese parece ser el objetivo de la Unión Europea para frenar el poder de los gigantes de Internet. El Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y la Directiva Europea de Derechos de Autor nacen con esta finalidad, aunque crece la sensación de que la primera acabará beneficiando al duopolio. Los medios se han quejado de que el GDPR les perjudica, y Europa quiere empoderarles impulsando el cobro a estas plataformas por el uso de sus contenidos.

Europa se siente en deuda con los editores y ya ha dado el primer paso en firme para satisfacer una antigua demanda. Los responsables de los medios de comunicación consideran que los agregadores deben pagarles una tasa por utilizar sus contenidos y los propulsores de la ‘Directiva sobre el derecho de autor en el mercado digital’ están dispuestos a recoger este derecho.

El compromiso para la reforma de los derechos de autor, al que llegaron por una mayoría cualificada los 28 estados miembros de la UE, se someterá a votación en junio en el Parlamento Europeo. Una de las medidas más controvertidas es el reconocimiento para los editores de prensa de un derecho conexo, que persigue “una remuneración justa y específica durante la reutilización online” de las producciones periodísticas. El texto también incluye los extractos breves de artículos que se consideren sustanciales. Estos términos aún están por definir, y en principio el criterio a aplicar quedaría en manos de los legisladores nacionales.

Otra de las medidas incluidas en la directiva es la compensación al creador del uso de obras audiovisuales. La UE persigue el equilibrio entre la remuneración que reciben los autores y los beneficios que perciben las plataformas digitales al proporcionar acceso a esas obras, algo que se conoce como “la brecha de valor”.

El texto recoge que proveedores de servicios como YouTube y Dailymotion necesitarán obtener el permiso de los titulares de los derechos para difundir sus obras. Si no se lo conceden, tendrán que desplegar tecnologías que las detecten automáticamente y eliminarlas de sus plataformas para no infringir la ley.

Las excepciones a los derechos de autor incluyen a instituciones como bibliotecas públicas, museos y archivos, las ilustraciones utilizadas para la enseñanza en el entorno digital o el uso de tecnologías de minería de datos y texto en la investigación científica.

Alemania y España fracasaron, Francia se impacienta

El país germano siempre se ha erigido como el abanderado de la causa de los editores. Tras exigir a Google el pago de una tasa por enlazar sus contenidos, el gigante de Internet eliminó los fragmentos de noticias del buscador y fueron los propios editores los que renunciaron a ser recompensados económicamente al ver cómo caían sus visitas.

En España, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual reconocía el carácter “irrenunciable” del pago a los editores por citar y enlazar noticias, lo que provocó el cierre de Google News. Un defecto de forma en la tramitación al obviar el impacto de la normativa en las familias numerosas provocó hace unas semanas que el Tribunal Supremo declarara nula la Orden y echara por tierra las intenciones de los editores y el Gobierno. Esta decisión implicaba que los agregadores pudieran dejar de pagar esa tarifa o incluso reclamaran lo abonado hasta la fecha… si es que existe algún agregador que haya procedido a ese pago.

Aunque los precedentes en Alemania y España han demostrado que es imposible enfrentarse en solitario a los GAFA, Francia ha intentado sacar adelante una propuesta de ley sobre los derechos conexos en pleno debate europeo.

Patrick Mignola, diputado del Movimiento Democrático (MoDem) y propulsor de esta medida, estima que la prensa podría recibir cientos de millones de ingresos adicionales si se aplicaran los derechos conexos. Como era de esperar, el partido del gobierno ha acabado bloqueando el proyecto. El interés se centra ahora en que triunfe una directiva europea que será la única capaz de imponer sus reglas a los gigantes de Internet.

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