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Cada país regula la economía colaborativa a su manera y algunos apuestan por la prohibición

La Comisión Europea pide a los 28 no prohibir Uber o Airbnb
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La Comisión Europea pide a los 28 no prohibir Uber o Airbnb

Prepara una regulación conjunta para gestionar la economía colaborativa, en el que expresa que la prohibición de estas compañías debe producirse únicamente como “último recurso” de los gobiernos nacionales.

Uber goza de éxito y popularidad en Reino Unido, donde las Autoridades permitan que esta empresa preste sus servicios con normalidad y dentro de la legalidad. Sin embargo, Francia ha llegado a amenazar con la cárcel a sus directivos. Son dos formas de entender una nueva realidad en el seno de un “gran país” como es la Unión Europea.

La Comisión Europea quiere acabar con esas enormes diferencias que hacen de las empresas basadas en la economía colaborativa algo legal o ilegal con solo traspasar una de las inexistentes fronteras nacionales en Europa. Por eso está ultimando un proyecto de Directiva que cree un marco jurídico único para los 28, de manera que la economía colaborativa, y con ella empresas como Uber o Airbnb, puedan operar en la Unión con una misma legislación. El objetivo final es “legalizar” estas empresas, dado que se trata de actores de un movimiento que no ha hecho más que empezar.

Según informa el diario británico Financial Times, la Comisión incluiría en su documento la posibilidad de prohibir estos servicios únicamente como “último recurso” para los gobiernos nacionales. Bruselas cree que es “generalmente difícil de justificar” que países como Bélgica, Francia, Países Bajos, España o Alemania hayan prohibido total o parcialmente Uber, mientras que en Alemania las personas que alquilen su casa en Airbnb se enfrenten a multas de hasta 100.000 €.

La polémica estará servida, dado que estas empresas disruptivas rompen los modelos económicos tradicionales. Uber, por ejemplo, argumenta que sus conductores no son empleados, por lo que no tiene la obligación legal de contribuir a sistemas de seguridad social en su nombre. Pero la Comisión sostiene que las empresas que no permiten a sus operadores establecer sus propios precios están creando una “relación de trabajo” con ellos como empleados, por lo que sí tendrían obligación de asegurarlos como empresa. De ahí que en Francia o Alemania hayan sido hasta ahora reacios a “diluir” las regulaciones nacionales por el bien de estas nuevas empresas.

La Comisión Europea, por su parte, piensa ahora que la economía colaborativa ofrece nuevas oportunidades a muchas personas, por lo que quieren que las puedan aprovechar con un grado razonable de seguridad. Los últimos datos de paro en la Unión Europea (abril 2016) hablan de un 8,7%, por lo que esta revolución podría ayudar a muchos europeos a conseguir un trabajo o, al menos, a conseguir ingresos extra.

Además, se prevé que la relajación de las leyes europeas ayude a mejorar la relación de Bruselas con Washington, quien a menudo ha acusado a Europa de esforzarse por frenar el poder de las empresas tecnológicas de Silicon Valley.
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